Democràcia econòmica
La Democracia económica en la agenda política
Hablar hoy de democracia económica supone adentrarse en un terreno sobre el que se ha producido una pérdida casi absoluta de referencias comparada con épocas pasadas. Términos como cogestión o participación de l@s trabajador@s en las empresas en los años 70 significaron para sindicatos, organizaciones sociales y partidos progresistas conceptos clave para que la democracia impregnara la economía y permitiera avanzar en la igualdad real de las personas. Pero hoy están rodeados de un silencio enmudecedor, han caído en un profundo olvido.
¿Por qué hay que volver a poner en la agenda política la democracia económica? El mayor éxito del poder es conseguir que no se hable de lo que no le interesa. Lo que no está en el debate público no existe políticamente.
Introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y resituar el papel de los trabajadores en ella, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, obedece a dos lógicas plenamente interrelacionadas: una colectiva, buscar una sociedad con mayor equidad social; otra individual, incrementar la cantidad de libertad individual de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores.
El mayor éxito de la ideología neoliberal ha sido hacer hegemónicas dos ideas: que el capitalismo desregulado no genera crisis recurrentes; y que es la búsqueda del ascenso individual e insolidario lo que impulsa el progreso. De esta forma el neoliberalismo consiguió que gran parte de la sociedad se impregnara de la certeza de que no hay alternativa, algo que incluso anidó en los corazones y las mentes de gran parte de las fuerzas sociales progresistas.
A partir de los años noventa los viejos partidos socialdemócratas, enfangados en el fracaso que significó la Tercera Vía, desistieron en el esfuerzo de proponer alternativas al núcleo del conflicto económico, político y social al que se enfrenta nuestra sociedad: la democratización de la economía y la privatización de la política.
La principal preocupación de la mayor parte de la izquierda en esos años, acorralada por la ofensiva ideológica neoliberal contra el Estado de Bienestar y los sindicatos fue el retroceso de las políticas redistributivas. El principal sustento ideológico de las batallas del presente ha sido la mera defensa de los derechos conquistados en las batallas del siglo XX(negociación colectiva, derechos laborales, sanidad, pensiones…) que, siendo importantes, son insuficientes.
Los sindicatos, las organizaciones ecologistas, las organizaciones feministas… se han encontrado que caminan solas, planteando batallas parciales sin un objetivo transformador que les oriente. No hemos sido capaces de alumbrar una nueva batería de derechos colectivos y de argumentos económicos consistentes que esbocen, como futuro deseado, un horizonte de democracia económica y pleno empleo para todos.
Es cierto que la globalización ha cambiado el terreno de juego en muchos aspectos: ha acentuado la capacidad del capitalismo para generar desigualdades y ha dificultado la capacidad para corregirlas mediante políticas redistributivas nacionales. Asimismo, la globalización financiera ha facilitado la elusión fiscal de las grandes empresas multinacionales y de los ricos, dificultando la financiación de los viejos y nuevos derechos.
No obstante, tras la Gran Recesión de 2007-2008 una proporción creciente de ciudadanos ha venido percibiendo que las consecuencias de la “victoria neoliberal” han sido un profundo deterioro de la calidad democrática y una menor capacidad de protección por parte de los Estados nación. Hemos recuperado la conciencia de que la presión que ejercen los poderosos para mantener e incrementar sus privilegios nos coloca en un peligro cierto de descender varios escalones civilizatorios, como apuntaba E. Bernstein hace más de cien años.
Para pasar de una posición meramente defensiva a una actitud que busque recuperar la hegemonía cultural las fuerzas sociales progresistas – sindicatos, partidos políticos de izquierda, organizaciones ecologistas, feministas, ONG comprometidas con la justicia social- deben incorporar a la agenda política las propuestas de cambios estructurales del sistema productivo que permitan combatir y corregir las desigualdades primarias, aquellas que se dirimen en el conflicto entre capital y trabajo. Considerar que las injusticias y la desigualdad son algo natural nos retrotrae a un esquema mental colectivo anterior a la Revolución Francesa. Necesitamos también poner en valor, como hace el movimiento feminista, que la vida está por encima del trabajo y tomar conciencia, como hace el movimiento ecologista, que el planeta no nos pertenece.
Es indudable que desde la irrupción en los años setenta de las ideas neoliberales de Milton Friedman hemos venido sufriendo una constante erosión de las barreras que hacían más difícil la intromisión de los poderes económicos en la política. Como señala Dany Rodrik gran parte de las izquierdas se han visto atrapadas en el marco erróneo, elitista y abstracto de la gobernanza global, mientras ha abandonado las posibilidades concretas de avance desde la profundización de las democracias nacionales. Fruto y ejemplo de ello es la desorientación de la izquierda ante Trump y su neoproteccionismo o la falta de análisis sobre el papel de China en una nueva globalización.
Democratizar los Estados nación y la Unión Europea debe ser compatible con democratizar la globalización y con democratizar las empresas. La democracia económica es la base de los principios del cooperativismo y de la economía social y solidaria pero para desarrollar todo su potencial transformador no puede limitarse a esos ámbitos. Debe extenderse a las empresas privadas convencionales, y en particular a la gran empresa, ya que los trabajadores son imprescindibles, junto con otros agentes, en la generación colectiva de valor.
No podemos olvidar que también hay que democratizar el futuro, esto es, impedir que los esfuerzos de los latifundistas de capital por incrementar su riqueza en el presente hipotequen la vida de las generaciones futuras.
Democracia económica y pleno empleo
En la lógica colectiva de luchar por una sociedad más igualitaria y más libre el concepto de democracia económica es un concepto plenamente vinculado al logro de sociedades del pleno empleo. No es casual que de forma paralela ambos conceptos hayan quedado fuera de la agenda política, como si fueran algo del pasado, descolgados de cualquier viso de modernidad.
Kalecki ya mostró en su brillante texto “Aspectos políticos del pleno empleo” que el mero estímulo a la inversión privada para reactivar la economía, fundamentalmente reduciendo los tipos de interés en momentos de recesión económica, no constituye un método adecuado para la prevención del desempleo masivo. Es absurdo creer que un país va a tener un mayor crecimiento económico, un mayor empleo y una sociedad menos desigual con menos escuelas públicas, con menos hospitales, con menos estudiantes de todas las clases sociales en la Universidad, reduciendo los gastos en I+D+i, con unas infraestructuras públicas deterioradas o sin autopistas de la información.
Ello es debido a que si bien la tasa de interés se reduce en los momentos de depresión económica no aumenta, o no lo hace en la misma magnitud, en el periodo de crecimiento subsiguiente. El resultado a medio y largo plazo es una rebaja continua de la tasa de interés, tal como está sucediendo actualmente en los países desarrollados desde la crisis de finales de los setenta. Los tipos de interés en EE.UU. se han reducido del 18 % a principios de los ochenta a un 2 % en la actualidad.
Según Kalecki, en un tiempo no muy remoto la tasa de interés llegaría a ser negativa, que es lo que está sucediendo en la actualidad en la zona euro. Todas las previsiones del Euribor para un plazo inferior a un año ofrecen tasas de interés negativas, y las de diez años se sitúan en torno al 0 %.
No obstante, hay que tener en cuenta que democratizar la economía debe significar mucho más que incrementar el porcentaje de capital público en ella. Tal como expresó Rudolf Meidner, uno de los principales ideólogos de los Fondos de Inversión Colectiva de los Trabajadores de Suecia: “el poder sobre las personas y sobre la producción pertenece a los propietarios de capital. Si no privamos a los capitalistas de su propiedad absoluta sobre el capital, nunca podremos cambiar los cimientos de la sociedad y avanzar hacia una verdadera democracia económica. Con estos Fondos los sindicatos pueden combatir esta injusticia.”
Enlazar las ideas de Kalecki con las reflexiones de Meidner nos lleva a la conclusión de que para lograr sociedades de pleno empleo con altos grados de equidad social y de género, sociedades más libres para un mayor número de ciudadanos y más sostenibles medioambientalmente, las decisiones sobre el destino de la inversión pública, y de una parte sustancial de la inversión privada, se han de tomar teniendo en cuenta los intereses de la mayoría de la población. Por eso la democratización de la economía pasa, ineludiblemente, por impulsar la participación de l@s trabajador@s en las empresas, por que la democracia entre en las fábricas, en las oficinas, en los centros de investigación…
El país del mundo donde más se avanzó en la democratización de la economía, y consiguientemente en el logro del pleno empleo, fue en la Suecia de los años ochenta, a partir de la ley de los Fondos de Inversión Colectiva de los Trabajadores impulsado por los sindicatos. Como bien detectaron los impulsores de la propuesta, los economistas Meidner y Rehn del sindicato sueco LO, el principal problema de Suecia era la excesiva acumulación del capital en muy pocas personas, lo que suponía un freno para que el propio capital fluyera hacia la financiación de actividades productivas, hacia la creación de empleo.
El terreno estaba abonado porque la socialdemocracia sueca desde hacía décadas no venía considerando que el camino correcto para transformar la sociedad capitalista fuera una extensa nacionalización de la propiedad de gran parte de los medios de producción, centralizando en el Estado la gestión de la actividad económica. Meidner y Rehn plantearon la creación de un espacio intermedio entre el capital individual y el capital público: el capital colectivo, lo que ellos denominaron Fondos de Inversión Colectivos de los Trabajadores.
La ley que el gobierno sueco de Olof Palme aprobó en 1984 repartía una parte del capital de nueva creación de las empresas suecas entre los trabajadores pero bajo una gestión colectiva, no como unas meras stock options individuales extendidas a todos los empleados. Estos Fondos ofrecieron un innovador marco de relaciones laborales en el que los trabajadores paulatinamente se fueron convirtiendo en accionistas de sus propias empresas. En 1991 el volumen total que habían alcanzado estos Fondos era de 2.000 millones de euros, un 7 % del valor total de las acciones cotizadas en la Bolsa sueca.
Lo interesante de la original experiencia sueca, además de su tranquila gradualidad, es que fue capaz de hacer compatible un profundo reparto de la riqueza en términos colectivos con el incremento de la riqueza individual. En apenas seis años se alcanzó el pleno empleo con elevados salarios. ¡¡En 1990 el desempleo en Suecia alcanzó la ridícula cifra del 1,7%!!
En los siete años en los que estos Fondos estuvieron vigentes el PIB per cápita de Suecia, según datos del Banco Mundial, se multiplicó dos veces y media, pasando de 12.914 $ en 1984 a 31.374 $ en 1991. El PIB per cápita sueco en 1984 representaba el 75,4 % del PIB per cápita estadounidense, y en 1991 llegó a suponer 128,6 %.
Democracia económica y productividad y competitividad
La experiencia sueca de los Fondos de Inversión Colectiva de los Trabajadores, pone en evidencia que son los consejos de administración de las empresas los que tienen que ir pareciéndose al resto de instituciones democráticas de la sociedad, donde los intereses y opiniones de todos están representados ¡¡No al revés!!
Suecia es hoy también el tercer país del mundo con la brecha de género más reducida y su huella de carbono es la mitad de la de los países de la OCDE y una tercera parte de la de EE.UU.
En la actualidad, en términos agregados, los países europeos con elevados derechos de participación de los trabajadores en la empresa -incluida la codeterminación en algún aspecto de la gestión empresarial- tienen como media una tasa de empleo cinco puntos superior a los países que tienen derechos de participación débiles.
La participación tiene sentido no solo por razones morales o distributivas sino por la pura sostenibilidad económica. Existe un claro vínculo entre democracia económica y elevados índices de la productividad y competitividad de una economía. Los países con mayor desarrollo de mecanismos de participación de los trabajadores en la empresa desde hace más tiempo (Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia) son países de alta productividad y elevada competitividad.
Productividad de los países con sistemas con mayor participación de los trabajadores
Fuente: OCDE
La productividad (PIB por hora trabajada según la OCDE) de todos estos países está por encima de la media de la zona euro, de la UE-28, de la OCDE e incluso del G-7 (en este excepto Finlandia).
Asimismo, según el Índice Global de Competitividad 4.0 del Foro de Davos de 2018 cuatro de estos cinco países están entre los once más competitivos del mundo y el que queda algo descolgado, Noruega, está en el puesto 16.
Democracia económica y libertad individual
La democracia económica, aun siendo un concepto complejo que admite distintas interpretaciones, viene a establecer que seamos todos los ciudadanos, y no solo los accionistas, quienes tomemos las decisiones sobre las cuatro preguntas clásicas de la economía: qué producir, para quién producirlo, cómo producirlo y cómo repartir la riqueza generada.
El Estado, al introducir el criterio de necesidad en la asignación de recursos para cubrir algunos bienes y servicios (sanidad, educación, etc.) permite que no sean solo los criterios de mercado, esto es, de quién tiene mayor poder adquisitivo, los que determinen qué se produce y para quién se produce.
Pero sin la democratización de las empresas, sin la creación de “capital colectivo”, los trabajadores no pueden participar plenamente en la toma decisión de las otras dos preguntas clásicas de la economía: ¿cómo producir? y ¿cómo repartir la riqueza generada?
En el cómo producir, la participación de l@s trabajador@s es determinante para que las condiciones de trabajo, la salud laboral, el ritmo de incorporación del cambio tecnológico y sus consecuencias, la gestión del empleo ante modificaciones coyunturales de la demanda, no atiendan solo a razones de rentabilidad cortoplacista del capital.
En él cómo repartir la riqueza generada, la distribución primaria de la renta entre trabajador@s y accionistas-rentistas, como hemos visto, resulta evidente que una mayor participación de los trabajadores reduce la desigualdad social de un país.
Democracia económica y sindicatos
Ya en 1997, Bruno Trentin, sindicalista y secretario general de la CGIL italiana, señalaba que es imprescindible que los sindicatos sean portadores de un proyecto de sociedad y no solo agentes centrados en aspectos contractuales, salariales o normativos.
Desde esta perspectiva resulta evidente que los sindicatos somos el principal agente que puede introducir democracia en la empresa, pero los sindicatos operan en diferentes marcos legales, algunos más favorecedores de la actividad democratizadora de la economía, otros no.
La ley de Cogestión alemana de 1976, el Fondo de Solidaridad de Quebec (Canadá), creado en 1983, los Fondos de Inversión Colectiva de los Trabajadores, instaurados en Suecia en 1984, el Fondo del Petróleo de Noruega de los años noventa, la nueva normativa francesa (2013) sobre participación de los trabajadores, el actual debate belga sobre las “empresas de la codecisión”, la reciente propuesta aprobada por el Partido Laborista británico, ofrecen marcos de intervención sindical que incrementan la participación de los trabajadores en la gestión democrática de las empresas y, en algunos casos, logran una distribución más igualitaria del capital. La democratización de la empresa es algo que el sindicalismo europeo viene defendiendo desde el Congreso de Estocolmo, en 1988.
La democracia económica en España
En concreto, en España la participación de los trabajadores, y sus sindicatos, en los consejos de administración tiene su origen en la aplicación del Acuerdo Económico y Social (AES) de 9 de octubre de 1984, que en su artículo 21 comprometió a los firmantes a establecer medidas para la ampliación de los derechos sindicales, aunque tan solo circunscrito a las empresas públicas. Este fue el primer desarrollo, aunque no legislativo, del artículo 129.2 de la Constitución Española (CE) sobre la participación de los trabajadores.
Fruto de ello fue la firma del “Acuerdo sobre participación sindical en la empresa pública”, del cual se deriva la presencia de representantes sindicales en los órganos de dirección de las empresas públicas de más de 1000 trabajadores. La experiencia de la representación de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, en los consejos de administración de multitud de empresas públicas resultó muy provechosa para los intereses de l@s trabajador@s a la hora de enfrentarse a expedientes de regulación de empleo, procesos de privatización, venta de empresas y cierres de centros de trabajo. La actividad desarrollada por los sindicatos en los consejos de administración no interfirió negativamente la acción sindical, movilizaciones laborales incluidas.
En la actualidad en Guipúzcoa se está desarrollando una innovadora experiencia por parte de la Diputación Foral para apoyar la entrada de los trabajadores/as en el accionariado de pequeñas y medianas empresas. En 2016 se puso en marcha una nueva herramienta de financiación para que los trabajadores accedieran al capital de las empresas, en la que ya han participado diez compañías y se han involucrado un total de 500 trabajador@s, en muchos casos en empresas en las que la parte empresarial está pensando en su relevo en la propiedad por jubilación.
Ante el éxito obtenido, en 2017 se incrementó el presupuesto hasta 3,8 millones de euros. Las propias autoridades forales han calificado esta apuesta de crucial para hacer frente a las deslocalizaciones y “amarrar los centros de decisión” en Guipúzcoa: “Este es un proceso de transformación importantísimo para enraizar el talento y mejorar la competitividad de nuestras empresas, en el que nos jugamos mucho de cara al futuro económico del territorio (…) Las experiencias puestas en marcha recientemente acreditan que la participación (de los trabajadores) es una práctica positiva que acarrea muchas ventajas competitivas (…), lo que constituye una de nuestras fortalezas”.
Conclusiones
Hoy en día, el gran reto de la izquierda política y social comprometida con la transformación del mundo es repensar la economía y la empresa -que fundamentalmente es un espacio de poder- desde la democracia.
La democracia no debe circunscribirse al ámbito político, sino que debe ser inoculada a las células básicas de la economía que son las empresas, lo que conllevará una distribución más equitativa del capital en ellas. Lo más relevante para generar sociedades más libres equitativas y justas no es la forma de distribuir los bienes y servicios producidos, sino la propiedad de las empresas.
Impulsar la creación de sólidos espacios de “capital colectivo”, ensanchar la base de la democracia en las empresas, será el instrumento de transformación colectiva mediante el cual las trabajadoras y los trabajadores puedan reconquistar la hegemonía cultural perdida desde los años ochenta del siglo XX, cuando los latifundistas de capital apostaron por privatizar la política y demoler los sindicatos.
Por todo ello, un colectivo formado por personas de campos tan variados como la sociología, la economía, el sindicalismo, la antropología, el derecho, la gestión empresarial, así como miembros activos de la economía social, hemos decidido impulsar una Plataforma por la Democracia Económica con el objetivo de lograr que en esta legislatura se apruebe una ley de participación de los trabajadores en la empresa que de cumplimiento al mandato constitucional al mencionado artículo 129.2 de la CE “ Los poderes públicos impulsarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Bruno Estrada López
Economista, adjunto al Secretario General de CCOO
El Butlletí Treball, Economia i Societat està editat per CCOO de Catalunya.
Director: Joan Carles Gallego i Herrera
Comitè del Butlletí: Joan Carles Gallego i Herrera, Ricard Bellera, Carlos de Barrio, Dolors Llobet, Llorenç Serrano i Marc Andreu.
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Edició: Miquel de Toro.
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