Butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 65/6502 | Turnos rígidos versus reducción de tiempo de trabajo y concreción horaria

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Turnos rígidos versus reducción de tiempo de trabajo y concreción horaria por cuidado de menor en tiempos postcovid: una actuación de la Inspección de Trabajo (ITSS) 

El 2 de junio de 2020, la Sra. M., en calidad de representante de las trabajadoras y trabajadores, compareció a la reunión convocada para tratar la propuesta de la empresa demandada con respecto a los turnos fijos y estancos.  La empresa pretende modificar los horarios, de manera temporal, de la plantilla estableciendo horarios fijos y estancos, variando el horario de las trabajadoras que lo tienen reducido y fijado en un turno por cuidado de menor. Se manifestó por parte del comité de empresa disconformidad por entender que, con esta medida, se vulneraba el derecho a la conciliación de las personas trabajadoras. La empresa demandada ha vulnerado reducciones y concreciones horarias. La manifestación de la empresa demandada es: “que el objetivo de la empresa al crear bloques estancos en la fase 1 era no masificar al personal en las tiendas y minimizar el riesgo de contagio”.

El 16 de junio de 2020 el comité de empresa  y  la  empresa se reúnen de manera extraordinaria. En el acta se recoge que CCOO manifiesta que: “las reducciones deben ser respetadas y que hay tres opciones de turno”.

La empresa demandada ha procedido a comunicar a las trabajadoras con reducción de jornada la modificación de sus condiciones laborales. Ante este hecho se ha interpuesto denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El resultado de la Inspección es el siguiente:

  • Las trabajadoras han sufrido un perjuicio en el momento que se establecen los turnos estancos como derivada de la necesaria organización empresarial por la gestión de la COVID‑19.
  • El perjuicio se centra en la imposibilidad de llevar a cabo el cuidado de la persona menor a cargo por no ejercer el derecho de reducción de jornada en los términos que las trabajadoras tenían reconocidos.
  • La ITSS Concluye que se ha vulnerado el art. 14 de la CE y procede a iniciar procedimiento sancionador a la empresa.

Resolución de la Inspección de Trabajo

Montse Arcos
Abogada del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 65/6503 | Rompiendo las cadenas: trabajadora indefinida no fija y reconocimiento de derecho

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Rompiendo las cadenas: trabajadora indefinida no fija y reconocimiento de derecho. Comentario de sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Reus, de 4 de diciembre de 2020 

Estamos ante una nueva sentencia de las varias que vienen pronunciando nuestros tribunales acerca del encadenamiento de contratos en las administraciones públicas. En el presente caso, se trata del caso de una enfermera que presta sus servicios en el HOSPITAL UNIVERSITARI  SANT JOAN DE REUS y que, desde julio de 2014, encadena hasta 15 contratos de diferentes modalidades, ya sea de interinidad o de personal eventual por circunstancias de la producción.

Estamos pues ante un sector, el sanitario, y un colectivo, el de la enfermería y personal sanitario,  que ocupa fundamentalmente a mujeres, así pues, muy feminizado.

La primera cuestión que habría que destacar es la valentía de esta enfermera por plantear una demanda de reconocimiento de derecho, con la que pretende dar estabilidad a su empleo, pues de todos es conocido que, en muchas ocasiones, las personas trabajadoras no se atreven a reivindicar sus derechos por miedo a no volver a ser llamadas entre un contrato y otro. Y, por supuesto, también merece subrayarse la buena gestión del caso que ha realizado María José Bajo, del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO en Tarragona.

Entrando en la materia de esta sentencia, lo primero que se plantea es la reclamación el derecho de la demandante de que su relación laboral con la empresa sea considerada como de personal laboral indefinido, por haber encadenado esos 15 contratos, y el reconocimiento del carácter fraudulento de los mismos.  La demandante postula que se aplique lo establecido en el art 11.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual:

 “1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.”

 Como estamos ante una reclamación de carácter declarativo, según el Tribunal Supremo y el propio tribunal Constitucional (TC 71/1991), tiene que haber un interés directo e inmediato tutelable:

“Es necesario que exista una lesión del interés propio, al margen del carácter o no fundado de la acción, lo que significa no solo la utilidad o efecto práctico de la pretensión, sino la existencia de un derecho insatisfecho, al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción. No pueden plantearse al Juez por ello cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de derechos e intereses del actor: se requiere que exista un caso o controversia, una verdadera “litis”.

 En el presente caso, el Juez considera que la petición de la trabajadora no es una simple consulta sino que, dada la controversia sobre la figura del y la trabajadora indefinida no fija y los efectos que puede tener para la trabajadora en cuanto a su relación con el propio hospital, considera que tiene un interés actual y que, por consiguiente, se debe entrar a conocer sobre la petición realizada.

Es por ello que la primera cuestión que analiza el juzgador es si los distintos contratos temporales  suscritos por la trabajadora reúnen los requisitos justificativos de dicha temporalidad o si, por el contrario, estamos ante una contratación de carácter fraudulento. Ya se nos indica que, para cubrir periodos de vacaciones de otras enfermeras o personal sanitario, no estaría justificado el uso de contratos temporales de interinidad. El juez aporta como referencia la sentencia del TS de 30 de octubre de 2019 (recurso 1070/2017) que señala que el contrato de interinidad está destinado a cubrir puestos de personas trabajadoras que tienen reserva del puesto de trabajo y que durante las vacaciones o permisos el trabajador no ha causado baja en la empresa. Las vacaciones son un periodo conocido por la empresa y esta debe preverlo en la configuración de la plantilla y la prestación del servicio. Igualmente ocurre con los contratos eventuales por circunstancias de la producción. Estamos pues ante un uso y abuso por parte de las administraciones públicas de modalidades contractuales que no se corresponden con la necesaria estabilidad en el empleo, es decir, no podemos convertir en norma (la contratación temporal) lo que debería ser excepcional.

Es por ello que el juez considera, en este caso, que la relación laboral de la trabajadora debe ser de carácter indefinido. No obstante, la calificación de indefinido de los contratos de personas que acceden a una empresa pública está sujeta a otras reglas; en los supuestos de contratación irregular cometidos por las empresas mercantiles del sector público la calificación ha de ser “indefinido no fijo”. En este sentido, nos recuerda las recientes sentencias de 18 de junio de 2020 del TS (recursos 1911/2018 y 2811/2018).

Estamos pues ante una sentencia que hace justicia a un colectivo y en un sector muy castigado por la temporalidad, en un momento en que lo que se necesita por parte de las administraciones públicas es un paso más dirigido a todo lo contrario, es decir, a invertir en lo público, en el  sector sanitario, y a cuidar más y mejor a sus  trabajadoras quienes, en épocas como las actuales, no se han puesto de perfil sino que han estado y están en primera línea, cuidando al conjunto de la población.

Buena lectura y por unos servicios públicos de calidad

Sentencia del Juzgado Social 1 de Reus

Jesús Martínez

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 64/6400 | El TSJ de Catalunya condena al SEM  y otras empresas a que asuman la descontaminación de la ropa de trabajo

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El TSJ de Catalunya condena al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)  y otras empresas a que asuman la descontaminación de la ropa de trabajo y/o EPI de las técnicas y técnicos de transportes sanitarios mientras dure la pandemia

El convenio colectivo de trabajo para empresas y trabajadoras/es de personas enfermas y accidentadas en ambulancia (transporte sanitario) dispone, en su art. 40, bajo el título de “uniformidad”, que “las empresas facilitarán al personal el uniforme, vestuario preciso e idóneo para la realización de su función, según el diseño de la empresa y según contrato con el cliente y en consonancia con las épocas de invierno y verano, según las comarcas. Este vestuario será repuesto y ampliado, siendo obligatoria su utilización y limpieza, por parte del trabajador/a». Desde el Sindicato de CCOO hemos defendido que durante la pandemia por el SARS‑CoV‑2, que azota el planeta, la empresa debía asumir dichas funciones de limpieza en virtud del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y demás normativa de prevención de riesgos laborales aplicables.

Y ello sobre la base de lo siguiente:

El 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en España mediante el Real Decreto 463/2020, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID‑19. En Catalunya, dentro de la sanidad pública, el transporte sanitario está indicado por un profesional sanitario y se realiza a través de empresas de ambulancias contratadas por el sistema sanitario público.

El transporte sanitario es el servicio de traslado de personas que no se puede desplazar por sí mismas, realizándose mediante vehículos especialmente acondicionados al efecto y mediante personal con formación adecuada. Existe el transporte urgente, primario urgente ‑desde el sitio donde se produce la emergencia hasta el centro con capacidad de atender al paciente, pudiendo requerir una primera asistencia en el mismo sitio o, incluso, en ruta por parte de personal cualificado-, o traslado urgente entre dos centros sanitarios; y el transporte no urgente, siendo este el que incluye los traslados programados entre domicilio y centros sanitarios o a la inversa, o entre dos centros sanitarios para realización de pruebas o tratamientos especializados, entre otros.

La mercantil demandada defendía que en casos de COVID-19, evidentemente, se encargaba del lavado y desinfección de la ropa de trabajo y EPI, si bien entendía que en el resto de casos, por el escaso o nulo (siempre al parecer de la empresa) contacto con el paciente amén del riesgo bajo de contagio, estas funciones de lavado y limpieza debían ejercerse de acuerdo al convenio colectivo de aplicación.

Desde CCOO de Catalunya entendemos que las y los trabajadores de ambulancias se encuentran constantemente expuestos a riesgo de contagio, siendo así extensivo a sus familiares, y no sólo eso, sino también a riesgo de contagio a terceros, debido a que están en contacto directo, constantemente durante la jornada laboral, con casos de COVID-19 confirmados, con casos probables de COVID-19 y con casos que no son de COVID-19 pero que, tras el traslado, podrían llegar a serlo, por la falta de medidas de seguridad en colectivos especialmente sensibles como enfermos oncológicos, inmunodeprimidos, personas de avanzada edad o cualquier potencial ciudadano, pudiendo ser contagiados asintomáticos.

Por este motivo, ante el peligro inminente para la salud de la sociedad, se interpusieron medidas cautelarísimas inaudita parte enmarcadas en un estado de alarma, declarado por el Gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, y proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Todo ello, basado en que la empresa, en ningún caso, garantizaba con la evaluación de riesgos laborales que no pudiera haber contagio.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estimó las medidas cautelarísimas en virtud de Auto 16/2020, de fecha 22 de abril de 2020, en materia de prevención de riesgos laborales, requiriendo a las demandadas para que, con carácter urgente y respecto a los profesionales del transporte sanitario de ambulancias de la empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA S.L. (TSC), tanto de servicios urgentes como de no urgentes, se prohibiera que el personal técnico de transporte sanitario se llevase la ropa de trabajo y EPI a su domicilio para su lavado, debiendo ser la empresa la que se responsabilizase y asumiera el lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo”.

Posteriormente, para la efectividad de dichas medidas, CCOO presentó conflicto colectivo ante el mismo TSJ de Catalunya. Este, nuevamente, estimó el conflicto y condenó a las codemandadas (al SERVEI D’EMERGENCIES MÈDIQUES (SEM) y a la empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA S.L.) a que asumieran y se responsabilizasen, para los trabajadores afectados por el conflicto, del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y/o EPI, de los técnicos de transporte sanitario en todos los centros de trabajo de la citada empresa, mientras dure la crisis sanitaria de la COVID-19.

Lo relevante del presente procedimiento radica en distintos aspectos jurídicos, tanto procesales como de fondo:

En primer lugar, la utilización de un procedimiento muy inusual en la jurisdicción social, como son las medidas cautelarísimas. El art. 79 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, prevé la adopción de medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia, con remisión expresa a los art. 721 a 747 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), teniendo en cuenta la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y oídas las partes, si bien podrá anticiparse en forma motivada la efectividad de las medidas cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar (art. 733 de la LEC, sin audiencia previa del demandado).

Dicho procedimiento inaudita parte supone que, ante urgencias y/o emergencias, se puedan acordar las medidas cautelares anteriores siempre que se acredite el peligro por la mora procesal, la apariencia de buen derecho y el principio de proporcionalidad.

En segundo lugar, si bien el convenio colectivo de aplicación establece que dicha función de lavado, desinfección y descontaminación corresponden a la persona trabajadora, el TSJC, acogiendo la tesis de CCOO, entiende que en aplicación del RD 664/1997 y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como distinta normativa universal, eurounitaria, de la OIT, Consejo de Europa, nacional y convencional; que en el marco de la crisis sanitaria prima el derecho a la salud, siendo que el SARS-CoV-2 ha sido considerado por la OMS como agente biológico 3 y, por ende, al no poder la mercantil asegurar con la evaluación de riesgos la exclusión de dicho agente de la ropa, se revierte la obligación, siendo la empresa la encargada del lavado, desinfección y descontaminación tanto de la ropa de trabajo como de los EPI.

Es decir, ante el paradigma de una crisis sanitaria mundial y la confrontación de distintas normas jurídicas, prevalece el derecho a la salud tanto de las propias personas trabajadoras como de terceros, siendo además que el transporte sanitario se trata de un servicio público del Estado que utiliza la totalidad de los ciudadanos.

Y por último, es necesario mencionar que si bien las medidas cautelarísimas condenaron también a la Conselleria de Salut de Catalunya (Departament de Salut de la Generalitat), al Servei Català de la Salut (CATSALUT), al SERVEI D’EMERGENCIES MÈDIQUES S.A. (SEM) y a la propia empresa, la sentencia de conflicto entiende que el Departament de Salut no es responsable de dicha obligación.

El Servei Català de Salut (CATSALUT) es la entidad que garantiza la atención primaria de cobertura pública a todas las ciudadanas y ciudadanos de Catalunya, gestiona los servicios y las prestaciones del sistema público de salud en Catalunya.  El CATSALUT concertó un convenio con la empresa pública Servei d’Emergències Mèdiques S.A. (SEMSA), donde se encargaba a ésta última la gestión de los servicios asistenciales para la atención integral de las urgencias y emergencias sanitarias así como para la asistencia y el traslado de personas enfermas, es decir, el transporte sanitario tanto urgente como no urgente en Catalunya. Así, la empresa SEMSA subcontrata el servicio del transporte sanitario tanto urgente como no urgente con distintas empresas privadas, a través de una licitación donde se les adjudicaba un lote determinado, siendo que varios de estos lotes se adjudicaron a la mercantil TSC, mercantil demandada en el procedimiento.

Así pues, resulta totalmente relevante que esta sentencia judicial acoja la tesis de que el deber de vigilancia del cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos laborales implica una responsabilidad de la Administración en cuanto que se trata de un servicio público, debiendo velar por el cumplimiento de dicha normativa.  Más aún cuando nos encontramos ante la gestión de un servicio público, por lo que la privatización de este servicio no puede comportar el desentendimiento de las medidas de seguridad y salud. Por ello, es imprescindible disponer la corresponsabilidad tanto de la contratista y de la contratada como de la titular de la competencia de los servicios públicos.

La condena de la Administración en el presente asunto supone un gran avance respecto a las responsabilidades en derecho laboral, pues permite que un servicio público privatizado no quede a merced de la actuación empresarial, garantizando el cumplimiento de los derechos más básicos e ineludibles como lo son los que inciden en materia de prevención de riesgos laborales.

Desde CCOO de Catalunya seguiremos luchando por la conquista de derechos y la defensa de la clase trabajadora, y en particular, en este caso, por un colectivo como es el del transporte sanitario que lleva un largo periodo de huelga para ser escuchados y respetados.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Sira Gómez
Advocada del GTJ de CCOO de Catalunya

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 64/6403 | El vot telemàtic a les eleccions sindicals

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El vot telemàtic a les eleccions sindicals

La situació d’excepcionalitat que vivim a Catalunya, pervivint i  existint seriosos problemes de lliure mobilitat, ha accelerat les eines telemàtiques i la seva implantació a la vida laboral. Actualment no es donen les  garanties suficients perquè tots els treballadors puguin exercir el seu dret de vot.

Creiem que, en canvi, sí que es disposen d’eines que podrien garantir-lo. A dia d’avui, tothom disposa d’una tauleta tàctil, ordinador, telèfon intel·ligent o terminal electrònic, fins i tot, molts ja amb connexió a intranet per realitzar el seu treball diari.

Moltes empreses d’informàtica ja disposen de la tecnologia (ISOTools) o similar, del tot necessària per poder realitzar les tasques laborals diàries i per facilitar el vot electrònic, amb tota garantia de confidencialitat. Recordem que moltes ofereixen una tarifa plana on es cobreixen tots els serveis.

Seria una alternativa  per afegir als existents sistemes de votació (per correu i presencial).  No demanem anul·lar res i tampoc incomplir la llei sinó, en tot cas, ampliar-la, adequar-la al temps actual i a les noves eines de informació i participació existents. Quan es va aprovar tant l’Estatut dels Treballadors com el RD 1846/1944  no existien les esmentades eines i, en un futur no molt llunyà, molts procediments es faran així.

Recordem que el comitè d’empresa és l’òrgan de representació de totes les persones treballadores i de tots els centres sense discriminació, que formen part de la unitat electoral preavisada i, per tant, la participació  de tots els electors i electores a la tria dels seus propis òrgans de representació ha d’estar totalment garantida.

Demanem implantar el vot electrònic en el procés electoral, amb la finalitat de fomentar la participació i l’exercici del dret de sufragi dels electors i electores. Aquest proporciona l’accessibilitat, evitant els desplaçament i facilitant l’exercici dels dret  a vot, a més de prevenir els errors en el procés de votació i assegurar la rapidesa i la precisió en els escrutinis. D’altra banda, el sistema de votació electrònica pot assegurar el caràcter personal, directe, lliure i secret del sufragi i en millors condicions. Tan sols s’han d’establir les condicions necessàries per garantir la seguretat de tot el procés de votació.

El sistema de votació electrònica consisteix en l’emissió del vot en el suport electrònic de forma remota des de qualsevol dispositiu connectat a Internet de tal manera que el vot és emès i tramès mitjançant un canal xifrat i emmagatzemant en una urna digital protegida criptogràficament. Que l’empresa, dins de les seves obligacions i col·laboració amb la mesa,  ha de facilitar els mitjans perquè  tots els treballadores/as tinguin la possibilitat de poder realitzar el vot electrònic, donant amb  aquesta fórmula la participació més gran possible, tenint en compte la dispersió de les persones treballadores amb teletreball, ERTO, externalització, dispersió dels llocs de  treball i moltes sense centres de treball físic.

L’art. 69.1 de l’ET no prohibeix el vot telemàtic. Tan sols exigeix que el sufragi sigui personal, directe, lliure i secret, i assenyala que es pot emetre per correu. Creiem que amb compromís i seguretat no s’ha de produir cap vici greu que afecti les garanties del procés electoral i que alteri el seu resultat (art. 76.2 de l’ET), quedant acreditat que la votació telemàtica duta a terme a l’empresa ha de respectar els principis anteriorment esmentats. I, en tot cas, si es produeix frau o suplantació o qualsevol possible vici en el procés electoral, es fa la reclamació prèvia a la mesa i la impugnació arbitral corresponent. El que no es pot dir és que al ser innovador, aquest sistema de vot sigui, per principi o per desconeixement, fraudulent.

El vot electrònic, tot i poder ser considerat nou, ja ha mostrat diverses experiències tant dins com fora d’Espanya, i no només en l’àmbit de la política. Així, moltes organitzacions del sector privat han utilitzat el vot electrònic en les seves eleccions. Entre d’altres, cal citar a sindicats, col·legis professionals, universitats i, fins i tot, s’ha comprovat que per a l’elecció de la Junta General d’Eleccions al Consell de la Guàrdia Civil –sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de 6 de maig de 2014, rec. 1029/2013– es va utilitzar el sistema de vot electrònic, subjecte a una auditoria externa que examinava la seguretat i fiabilitat del sistema, com a garantia del vot secret i personal.

El vot electrònic s’ha utilitzat en diferents eleccions de les universitats públiques catalanes des de l’any 2010. En particular, utilitzen la plataforma de vot electrònic la UB, la UPC, la UPF, la UOC o la UAB. I, fins i tot, alguna empresa privada com és MUTUAL MIDAT CYCLOPS.

La normativa vigent només preveu el vot personal en les meses o el vot per correu. S’ha de garantir, en tot cas, que el vot sigui lliure, secret, personal i directe. És a dir, la normativa electoral res preveu en relació al vot electrònic. A diferència del que passa en el règim electoral del personal laboral, cal assenyalar que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), refós mitjançant el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, sí que conté una previsió expressa a l’elecció per mitjans telemàtics. En particular, l’article 44 a) estableix que «l’elecció es realitzarà mitjançant sufragi personal, directe, lliure i secret que podrà emetre’s per correu o per altres mitjans telemàtics”.

En conseqüència, podem concloure afirmant que el vot electrònic pot ser utilitzat en les eleccions a òrgans de representació de treballadores i treballadors a l’empresa, sempre que estigui dotat de mecanismes de seguretat que garanteixin el respecte als principis de sufragi personal, directe, lliure i secret continguts en l’art. 69 de l’ET.

Documentació addicional (annex i laudes)
Com funciona el vot electrònic?
B- 7/2021
B-237/2015
B- 188/2015
B-187/2015
L- 4/2017 

Climent Pujol Bosch
Director de l’Oficina Electoral de CCOO de Catalunya

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 64/6402 | Accident laboral i recàrrec de prestacions per manca de mesures de seguretat

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Accident laboral i recàrrec de prestacions per manca de mesures de seguretat. Un cas a l’administració pública: comentari de sentència del Jutjat Social 2 de Lleida, de 30 de desembre de 2020

Un ajuntament de la província de Lleida va interposar demanda per impugnar el recàrrec de prestacions -per manca de mesures de seguretat laborals- contra l’INSS, contra la Tresoreria General de la Seguretat Social i, contra un dels seus treballadors. L’entitat local al·legava que no era responsable de l’accident de treball sofert per l’encarregat del teatre, doncs -en el traslladat dels equips i demés instruments musicals-, no havia provat que patís un pinçament lumbar, quan estava baixant per unes escales interiors un equip de música, ja que va continuar treballant durant els dies posteriors. Finalment, la mútua li va cursar el comunicat de baixa (de la qual s’ha derivat una declaració d’incapacitat permanent total per accident de treball, tota vegada que es va interposar pel treballador un procediment per a determinar la seva contingència professional).

A més, l’ajuntament acusava al treballador d’haver desobeït les ordres impartides per la tècnica de cultura en la planificació, organització i coordinació amb la brigada d’obres, així com que (de forma unilateral, voluntària i incomprensible), va incomplir les normes sobre la manipulació de càrregues al decidir baixar un equip de so d’uns 50 kg per les escales, en lloc de utilitzar una rampa / passarel·la que comunicava la planta superior de l’edifici amb el carrer i, seguint aquest, fins a la planta inferior.

També, va qualificar la conducta del treballador (qui, a més, era delegat de prevenció del comitè de seguretat i salut) de temerària i greu al desobeir les ordres expresses rebudes i, no requerir l’ajuda de la brigada municipal d’obres, tota vegada que entre les seves tasques  té assignades les funcions de col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària per al desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.

L’ajuntament va proposar l’interrogatori del treballador, va aportar diversa prova documental, tres testimonis (per deixar constància de la desobediència a les ordres de l’equip de govern) i, d’una pericial, a fi de poder acreditar la conducta totalment  temerària i il·lògica en el trasllat dels equipaments i en la manipulació de càrregues pesades, resultant la conducta del treballador contrària a tots els protocols establerts per evitar riscos laborals.

L’advocat del treballador va proposar la prova documental, diversos correus interns remesos pels responsables de l’ajuntament (acreditatius de les feines a realitzar, no hi havia cap requeriment a la brigada d’obres), diverses fotografies de l’estat de la rampa, informe de la investigació de l’accident, còpia de la denúncia davant la Inspecció de Treball, la petició per a determinar la contingència laboral, informes mèdics acreditatius d’haver estat  -des del dia següent a l’accident- precisant assistència mèdica del servei públic, infiltracions, del tractament mèdic de la mútua i de la intervenció quirúrgica.

En el desenvolupament del judici oral, es va poder provar la contradicció existent entre les declaracions dels testimonis, la feblesa dels seus arguments (vam poder acreditar que l’ajuntament -per a fer desplaçaments dels equipatges del teatre- tenia un concert amb una empresa de transports i, la brigada d’obres només era per a tasques urgents i que es pagaven hores extraordinàries en cada requeriment –l’accident fou en cap de setmana-) i, d’una pericial realitzada per demostrar tota una metodologia en els trasllats, sense ometre que, amb posterioritat a l’accident, es va reconstruir la passarel·la i l’ajuntament va comprar un sistema mecànic amb rodes  i amb una plataforma per a  carregar les furgonetes i camions.

La sentència dona com a fets provats els arguments del treballador (que es va limitar a complir les ordres de la tècnica de cultura i que la brigada d’obres actuava als requeriments de l’esmentada tècnica), la mútua no va impugnar la determinació de contingència, l’ajuntament va fer arreglar la passarel·la i va comprar un carro per a fer els transports de càrregues. Per tant, en aplicació dels articles 14, 15 ,17 i 29 de la Llei de prevenció de riscos laborals, així com de la doctrina del Tribunal Suprem, en les sentències del 15 d’octubre de 2014 (rec. 3164/2013) i de 30 de juny de 2010 (Sala General, rec. 4123/2008), la jutgessa desestima la demanda i ratifica la resolució de l’INSS en què es declara la responsabilitat de l’ajuntament per manca de mesures de seguretat, imposant-li el recàrrec del 30 %.

El treballador va reclamar la indemnització per incapacitat permanent total derivada d’accident de treball establerta en el conveni d’aplicació, la qual li fou abonada (un argument més per a la oposició a la demanda de l’ajuntament).

L’ajuntament ha anunciat recurs de suplicació.

Sentència del Jutjat Social 2 de Lleida

Joan Jesús Vidal Ibars
Advocat del GTJ de CCOO de Catalunya